viernes, 5 de diciembre de 2008

SOLUCIONES A LA INSEGURIDAD

Soluciones a la inseguridad

Hechos
Las principales características de la criminalidad en América Latina incluyen un notable incremento en las tasas globales de criminalidad, un incremento general de la violencia, un aumento en la participación de jóvenes en actos de delincuencia y una mayor conexión con el crimen organizado y la delincuencia común
Se hizo hincapié en que los temas sociales como la distribución del ingreso y la segregación están fuertemente asociados con la violencia y criminalidad. Otros factores que inciden en el aumento de la criminalidad son el mayor consumo de alcohol y drogas ilícitas, el comercio y distribución local de drogas, la posesión de armas de fuego, la deserción escolar, el deterioro y abandono de espacios públicos y la desintegración familiar. Se ha demostrado, por ejemplo, que el 62% de los pandilleros provienen de hogares monoparentales.
De acuerdo con el BID, la situación de América Latina es crítica. En la región se producen 140 mil asesinatos al año, la violencia es 5 veces más alta que en cualquier otro lugar, ocurren el 75% de los secuestros extorsivos y han subido fuertemente los costos asociados al crimen y la violencia. Para cuantificar este aumento, no es recomendable medir el aumento en la violencia sólo por el número de denuncias a la policía. Se estima que el 40% de los afectados nunca denuncia por diferentes razones (tiempo, desconfianza, costo de oportunidad, entre otras). La victimización es la mejor forma de medir este parámetro, ya que se pregunta directamente si la población ha sido víctima de asaltos, agresiones u otros tipos de violencia en los últimos 12 meses. Esta medición es típica de países desarrollados.
Según el Latinobarómetro, en todos los países de América Latina, la delincuencia aparece dentro de los tres primeros lugares en importancia. Esta situación desgasta el nivel de cohesión social y la confianza en las instituciones públicas, particularmente el Poder Judicial y el Ejecutivo. Resulta absolutamente esencial levantar la confianza en las fuerzas policiales. Asimismo, si las personas consideran que pueden llegar a convertirse en víctimas de un delito en el futuro, toman medidas de control que no necesariamente llevan a la reducción de la criminalidad. Por ejemplo, en Costa Rica la gran mayoría de la población (64%) ha puesto rejas en sus casas. Esto evidencia que la gente se está “auto-cerrando”.
El 60% no deja la casa sola, ha buscado un perro vigilante (39,2%), o ha instalado cerraduras especiales (32,8%). Esta situación beneficia al delincuente al darle espacios que antes no le pertenecían y al mismo tiempo tienden a aumentar el llamado a políticas de “mano dura”, que han demostrado ser poco efectivas. Según los últimos datos, en Costa Rica, un 78% de la población considera que la mano dura es el camino correcto. Sin embargo, se deben buscar recomendaciones a largo plazo que sean capaces de disminuir la violencia y criminalidad.


Soluciones:
La policía no es el único agente destinado a luchar contra el delito, pero decididamente es el actor más importante. La seguridad es un bien público y debe delegarse principalmente en manos del Estado porque es el principal agente a cargo de devolver la tranquilidad a las personas para que se desenvuelvan en sus actividades diarias. Para lograrlo este propósito, se debe trabajar en cuatro áreas prioritarias mutuamente vinculadas que forman un circuito integrado:
Prevención
Sanción
Cumplimiento y rehabilitación
Control

El Sr. Espinoza se centró en el tema del control. Este debe concebirse como una política pública (en el nivel de prioridad que se le da a las políticas de economía, vivienda, entre otras). Para formular tal política debe primero existir un diagnostico detallado con las causas, efectos y grupos afectados por la criminalidad. Luego, debe constituirse un programa consistente con los objetivos, estrategias y acciones indicadas, que además tengan metas y plazos claros, con indicadores de evaluación que permitan evaluar su desempeño. Los mecanismos de seguimiento y evaluación permanente permiten ver si los recursos fueron bien asignados o si se gestionaron correctamente. Por último, se debe crear un marco legal e institucional que establezca una normativa y aumente la legitimidad.
Se recalcó que en este tema tan complejo no hay panaceas. La seguridad ciudadana debe convertirse en una política de Estado de largo plazo con metas que superan a los gobiernos y no deben variarse cada cuatro años. Sólo mediante el consenso político se evitará la “demagogia facilista” donde prevalece la política electoral. Muchos ciudadanos asocian la acción del Estado con la policía por lo que la incapacidad de proveer seguridad puede entenderse como incapacidad para gobernar. Por último, debe simplificarse la coordinación de mandos y la administración de la fuerza policial costarricense. En estos momentos hay 11 tipos diferentes de policías. Esto dificulta la organización, se crean mandos difusos, problemas de coordinación y se generan responsabilidades que no están claramente definidas.


Recomendaciones:
Modernizar y profesionalizar la policía. Esto se logrará con un mayor recurso financiero. No obstante, el salario es el único incentivo. El trabajo policial debe verse como un trabajo digno y respetado, donde el profesional se sienta bien. No es tolerable que funcionarios públicos en seguridad sufran condiciones básicas de trabajo que no sean dignas. Debe demostrarse, conforme se inviertan más recursos, que hay una mayor resolución de delitos como medida de eficiencia policial.

Reconocer la existencia de heterogeneidad en el delito. Se debe diferenciar entre el delito común y la delincuencia organizada. Esto solo se logrará con un nivel de información óptima. Las sanciones deben ser diferentes para cada uno de ellos. Geográficamente, la persecución penal se debe focalizar por tipo de delito, lugares donde ocurren y los hechores reiterados. Generalmente es un número pequeño de delincuentes el que cometen la mayoría de los delitos.

Buscar el equilibrio entre el control y las tareas de prevención. Ambas soluciones deben emplearse al mismo tiempo. Se debe reducir la deserción escolar y mejorar la calidad de la policía, simultáneamente.

Mejorar el vínculo entre la policía y la comunidad. Nadie conoce mejor su comunidad que el mismo barrio. La utilización de esta información brinda legitimidad y prestigio social a la policía.

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